La investigación se inició a raíz de la denuncia de un particular sobre supuestas graves irregularidades en el geriátrico.  En virtud de esta situación se procedió a realizar allanamiento con orden del Juez de Paz local. El procedimiento fue llevado a cabo por la delegación local de la Policía de la Provincia, acompañado por personal perteneciente a los Gabinetes de Fotografía y Medicina Legal de la Dirección de Policía Judicial de la ciudad de Córdoba (quienes previo a su ingreso al geriátrico se les realizó preventivamente un test serológico rápido para detección de Covid 19, a fin de extremar las medidas de precaución y bioseguridad). Se constató la existencia de irregularidades graves en las condiciones edilicias y violación de los derechos de los adultos mayores alojados, entre las que se destacan: habitaciones sin puertas, baños no adaptados, ambientes sin calefacción; además de no contar con las mínimas medidas de bioseguridad para la prevención de la propagación de COVID 19. A su vez se evidenció que el cuidado de los ancianos, al momento del procedimiento, se encontraba a cargo de personal no específico para ese tipo de tareas, incluso una de las personas es menor de edad. Asimismo, los residentes manifestaron malos tratos por parte de la propietaria. A raíz de esta situación la Fiscalía dispuso la imputación y ordenó la detención de la dueña del establecimiento por supuesta autoría del delito de privación ilegítima de la libertad.