EL PRÓXIMO LUNES VIAJAN DAMNIFICADOS POR LAS EXPLOSIONES A BUENOS AIRES
La idea es entregar un petitorio a Presidencia, y a los ministerios de Economía y Defensa y se está evaluando entregar un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo confirmó a Estación Urbana Oscar Gigena, integrante debla Comisión de Damnificados, quien además invitó a la reunión que se realizará hoy a las 15 en planta baja de la Municipalidad con la presencia del abogado Mario Ponce.
En horas de la mañana de ayer, alrededor de las 08:50, personal policial que realizaba patrullaje preventivo en la ciudad de Río Tercero procedió al control de una camioneta Toyota Hilux, la cual se encontraba estacionada en la intersección de avenida General Savio y calle San Miguel.
Durante la inspección, se constató que el vehículo carecía de la patente trasera. Al verificar sus datos en el sistema policial, se confirmó que presentaba pedido de secuestro vigente, requerido por la Justicia Federal con fecha del 4 de abril de 2018.
Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y su posterior traslado a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.
La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero dictó una condena de 11 años de prisión en el marco de un juicio por delitos contra la integridad sexual cometidos en la localidad de San Agustín.
El tribunal, presidido por el juez José Argüello, resolvió condenar al imputado —un hombre de 28 años— como autor de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por la guarda, en concurso ideal con el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda.
Durante el proceso, que contó con la participación de la secretaria Pamela Ferreyra, los defensores particulares del acusado y el fiscal de Cámara Gustavo Martin, se desarrollaron las instancias probatorias y los alegatos correspondientes antes de dictarse la sentencia.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre agosto de 2022 y agosto de 2024.
Por disposición judicial, no se brindan datos personales del condenado con el objetivo de preservar la identidad de la víctima, quien es menor de edad y pertenece a su entorno familiar.
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