BIOQUÍMICOS COBRAN UN CO SEGURO POR DIFICULTADES CON LAS OBRAS SOCIALES
Hablamos con la presidenta del Círculo de Bioquímicos, Valeria Ferruchi, quien señaló que la medida se aplica en toda la provincia de Córdoba porque "las obras sociales están abonando a los 120 días y no actualizan los aranceles" y esto hace que se dificulte la tarea de los bioquímicos, quienes utilizan gran parte de insumos importados y a precio dólar.
Ferruchi lamentó la situación pero expresó que de otra manera es insostenible trabajar, y que de seguir sin cambios la problemática se verá reflejada en prácticas y diagnósticos que no se van a poder realizar. Es importante aclarar que los afiliados se PAMI no tienen que abonar este co pago que asciende a 3000 pesos.
En horas de la mañana de ayer, alrededor de las 08:50, personal policial que realizaba patrullaje preventivo en la ciudad de Río Tercero procedió al control de una camioneta Toyota Hilux, la cual se encontraba estacionada en la intersección de avenida General Savio y calle San Miguel.
Durante la inspección, se constató que el vehículo carecía de la patente trasera. Al verificar sus datos en el sistema policial, se confirmó que presentaba pedido de secuestro vigente, requerido por la Justicia Federal con fecha del 4 de abril de 2018.
Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y su posterior traslado a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.
La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero dictó una condena de 11 años de prisión en el marco de un juicio por delitos contra la integridad sexual cometidos en la localidad de San Agustín.
El tribunal, presidido por el juez José Argüello, resolvió condenar al imputado —un hombre de 28 años— como autor de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por la guarda, en concurso ideal con el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda.
Durante el proceso, que contó con la participación de la secretaria Pamela Ferreyra, los defensores particulares del acusado y el fiscal de Cámara Gustavo Martin, se desarrollaron las instancias probatorias y los alegatos correspondientes antes de dictarse la sentencia.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre agosto de 2022 y agosto de 2024.
Por disposición judicial, no se brindan datos personales del condenado con el objetivo de preservar la identidad de la víctima, quien es menor de edad y pertenece a su entorno familiar.