Graneros relató que ya hay niños que perdieron su derecho a recibir sesiones, lo que afecta directamente su desarrollo y calidad de vida. “El resultado no es el mismo si en vez de ocho sesiones por mes autorizan solo cuatro. Las familias no siempre pueden continuar la estimulación en casa, y eso deteriora el proceso terapéutico”, subrayó.
En su experiencia diaria, observa cómo las familias también sufren la incertidumbre. “Llaman a las obras sociales y muchas veces no reciben respuestas. Hay frustración, agotamiento y una sensación de abandono”, dijo.

“Queremos que la comunidad entienda que esta crisis no afecta solo a los prestadores. Las personas con discapacidad y sus familias son parte activa de la economía. Si no tienen sus pensiones o servicios, también se resiente el comercio local”, agregó Evelyn.
Finalmente, hizo un pedido claro: “Necesitamos que nos acompañen. Que visibilicemos entre todos que estas personas requieren apoyo, no abandono. Son derechos humanos básicos los que están en juego”.