El gobernador Martín Llaryora y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, participaron de un encuentro en el que representantes de más de 150 instituciones que trabajan con personas con discapacidad plantearon ante los legisladores nacionales de Hacemos Unidos la urgente necesidad de que se declare la emergencia, y recibieron el compromiso expreso del Gobierno provincial y del bloque legislativo para sostener la ley y rechazar el veto presidencial. Bajo la premisa de “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, la reunión fue articulada por el Ministerio que conduce Montero ante el pedido impulsado por la Fundación Converger, Capredis (Cámara de Prestadores de la Discapacidad), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea Trabajadores por la Inclusión), tras la decisión del Gobierno Nacional de vetar la ley que buscaba garantizar la actualización de aranceles y fortalecer las políticas públicas para el sector, de modo de poder brindar la asistencia sanitaria básica y la calidad de vida de la personas con discapacidad. “Esta convocatoria a los diputados nacionales tiene que ver con la posición que viene asumiendo el Gobierno de la provincia de Córdoba en relación al tema discapacidad y a la ley de emergencia. Todas estas instituciones vienen haciendo un trabajo importantísimo para hacer posible las políticas públicas”, señaló Montero a modo de presentación, antes de adelantar su compromiso de propiciar encuentros similares con los otros espacios a los fines de evitar el veto y sostener la ley, que consideró esencial. Del encuentro, que se realizó en el Centro Cívico, participaron los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, quienes escucharon los planteos del sector, ratificaron el compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el trabajo conjunto para sostener la ley y revertir el veto presidencial. A su vez, les transmitieron el apoyo expreso en el mismo sentido de parte de sus pares de bancada Juan Fernando Brügge y Natalia De la Sota, que se vieron imposibilitados de asistir. El gobernador Martín Llaryora se sumó en un tramo de la reunión para ratificar la postura oficial y afirmó: “Como gobernador quería brindarles mi apoyo explícito”, y remarcó que este respaldo debe trascender banderas partidarias: “Podemos pensar distinto, ser de distintos partidos y tener una idea en común sobre qué opinamos sobre esta ley para ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora”. El mandatario provincial destacó además las políticas activas que impulsa el gobierno provincial: “Aún en esta circunstancia tan difícil, nosotros apoyamos con fondos específicos para potenciar proyectos enfocados en la independencia de personas con discapacidad en materia laboral”. También puso en valor los avances alcanzados por el colectivo en las últimas décadas y sostuvo que hoy se puede hablar que “hubo éxitos en la integración educativa y en el trabajo”. En relación al veto de la ley de emergencia de discapacidad, indicó: “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley es simplemente una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”. Todas las voces El diputado y presidente del bloque Ignacio García Aresca tuvo una idéntica lectura de la situación y sostuvo el compromiso de trabajar para sostener la ley ahora que, tras el veto, volverá al debate en el recinto. Destacó que “esto no es un gasto, es una inversión y vamos a discutir en el Congreso para que la ley no sea vetadal”. En la misma línea, la diputada Alejandra Torres remarcó: “Vamos a seguir trabajando para que esto se convierta en una política pública estable, siempre pensando hacia adelante”. Por su parte, Gutiérrez subrayó que “solamente aquel que ha padecido en su cuerpo o espíritu la discapacidad, sabe de lo que habla. Vamos a seguir luchando por ello. No debemos retroceder en estas cosas”. A través de sus voceros, las organizaciones presentes advirtieron sobre el impacto negativo que tendrá el veto y reclamaron la continuidad de políticas inclusivas. Carolina Armeloni, de Capredis, expresó: “Estamos ante dos caminos: ser un país que tiene políticas públicas que apuestan a las personas con discapacidad o no serlo, como el resto de Latinoamérica”. También señaló que “esta ley no tiene impacto fiscal, y si lo tuviera, el Gobierno Nacional debe presentar una propuesta superadora” y mirando a los ojos a los legisladores le preguntó abiertamente “de qué lado estarán, cómo quieren ser recordados”. Por su parte, Federico Galíndez, de la Fundación Bonino, integrante de la Fundación Converger, recordó que la actualización de aranceles “implica para el Estado apenas el 0,01% del PBI, un número irrisorio frente a otros temas”. Graficando con distintos ejemplos de aumento de presupuesto en temas como Defensa o la baja de impuestos a sectores más acomodados, se preguntó por qué el déficit fiscal debería cargarse a la discapacidad. En la misma sintonía Martín Passini, de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, señaló que “nos están tratando de entrampar con el discurso del equilibrio fiscal, con el discurso como si fuera solamente la discapacidad, el único rubro dentro del presupuesto nacional del cual depende el equilibrio fiscal”. Junto con destacar el encuentro (“estamos representados en esta mesa todos los sectores, esto es una mezaza”, graficó), advirtió que lo que impera es una quita sistemática de derechos que afecta la posibilidad de las personas con discapacidad de llevar una vida digna. Por ATI habló Julia Domínguez, que refirió que “no se trata de generar deuda, sino de saldar una deuda histórica con nuestro sector”. Por último, Gianna Mastrolinardo destacó la necesidad de “ponerle un freno a esta avanzada contra nuestros derechos y explicar a la sociedad nuestra situación”. La joven activista por los derechos de las personas con discapacidad, que se hizo viral por un video de la campaña contra el veto, concluyó : “Queremos dejar de soñar una vida digna. Queremos tenerla”. Una política pública en números Al cierre del encuentro, la ministra Montero agradeció la respuesta a la convocatoria, señaló que se continuará trabajando de manera articulada con todos los sectores, y junto con sostener que a diferencia de lo que ocurre en la Nación la discapacidad en Córdoba es una política pública, recordó algunos números oficiales en esta materia. “La Provincia de Córdoba aporta al año 127 millones de pesos en discapacidad, distribuidos en los distintos estamentos. Casi 61 mil millones de pesos son de Apross, casi 54 mil millones de pesos en educación especial, 3.000 millones del fondo especial de nuestro Ministerio al que el gobernador hacía referencia, 5.300 millones en acción social desde Salud, unos 500 millones en deporte adaptado”, enumeró. “Es decir, que la Provincia viene asumiendo un monto importante”, destacó, y señaló que resulta fundamental que el Gobierno nacional asuma no se desentienda de sus obligaciones para poder sostener el sistema.